Amor remarcó que «este trabajo constituye un instrumento para que los pasajeros conozcan sus derechos y cómo hacerlos valer en el caso de que sean vulnerados. El transporte público es un derecho y la Defensoría tiene la obligación de difundir cuáles son las obligaciones que las empresas que brindan ese servicio tienen para con los usuarios, para que éstos puedan reclamar ante cualquier falta u omisión. Cuando asumimos la gestión en marzo de 2014 tomamos una decisión: poner a la institución en la calle, ése es nuestra consigna y el eje central de nuestra política. Nuestra misión es facilitar el acceso a la información a quienes viven, trabajan y transitan por la Ciudad, porque sin ella no podrán ejercer plenamente sus derechos”, subrayó.
El Defensor del Pueblo también recalcó que «recientemente presentamos ante la Legislatura porteña un proyecto de ley para extender el horario de funcionamiento del subterráneo, y estamos preparando otro para impulsar una tarifa integrada de transporte para que los usuarios puedan realizar transbordos sin la necesidad de abonar cada vez que cambian de medio de locomoción, y ahorren de este modo tiempo y dinero. Creemos que el transporte público es un servicio que debe estar a disposición de todos los que habitan, trabajan y transitan diariamente por la Ciudad de manera ágil, eficiente, útil y segura. Porque de nada sirve tener a disposición múltiples opciones para trasladarnos a realizar nuestras rutinas si el servicio no cumple con esas condiciones. El trasporte es un factor que coadyuva a la integración social, contribuye en la mejora de la seguridad vial y ordena el tránsito».
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