Al mismo tiempo, le recordó a la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, María Lucía Feced Abal, el deber de dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el art. 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los arts. 13 y 32 de la Ley 3, en los que se establece la obligación de prestar colaboración, con carácter preferente, a la Defensoría del Pueblo en sus investigaciones y responder a los requerimientos que se le efectúen en el plazo establecido por la normativa.
A fines de marzo la Defensoría del Pueblo inició un trámite de oficio para solicitar información sobre el resultado del proceso de tramitación y distribución de vacantes escolares para el ciclo lectivo 2022.
En ese contexto, se remitieron oficios a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad con la finalidad de solicitar datos oficiales sobre la cantidad de preinscripciones según distrito escolar, las vacantes asignadas, los niños y niñas registrados en «listados provisorios» y los reclamos recibidos ante la no asignación de vacantes y/o por disconformidad con las asignadas.
