A fines de marzo del corriente año la Defensoría del Pueblo había iniciado de oficio un trámite a fin de solicitar informes al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el resultado del proceso de tramitación y distribución de vacantes escolares para el ciclo lectivo 2022.
En ese contexto, se remitieron oficios a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa por medio de los que se solicitaron datos oficiales, entre otros, sobre cantidad de preinscripciones realizadas según Distrito Escolar; cantidad de vacantes asignadas, cantidad de niños/as registrados en «Listados Provisorios»; cantidad de reclamos registrados por no asignación de vacante y/o disconformidad con la asignada.
Ante la falta de respuesta de esa dependencia, la Defensora del Pueblo María Rosa Muiños dictó la Resolución 2098/22 en la que le solicitó brindar respuesta a los oficios remitidos por la institución en el marco del presente trámite y suministrar la información oportunamente requerida.
Al mismo tiempo, recordó a la funcionaria a cargo de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María Lucía Feced Abal, el deber de dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los artículos 13 y 32 de la ley 3 (según texto consolidado por ley 6347), que establecen la obligación de prestar colaboración, con carácter preferente, a la Defensoría del Pueblo en sus investigaciones y responder los requerimientos que se le efectúen en el plazo fijado por este órgano constitucional.
