Una cuestión de soberanía

La reciente demanda colectiva iniciada en un tribunal comercial de Viena por más de 25 mil usuarios europeos contra la red social Facebook, acusada de violar leyes de protección de datos personales y a la que, según los cables de noticias divulgados, se han sumado 220 argentinos, pone de manifiesto algo cada vez más evidente: los usuarios de las redes sociales virtuales, al integrarlas, están cediendo soberanía sobre su información personal, dado que pierden toda autonomía respecto al manejo de su privacidad e intimidad.
Existen dos grupos de usuarios en el mundo que se conectan a la red fundada por Mark Zuckerberg: los nativos de Estados Unidos y Canadá, que ingresan a través de Facebook Estados Unidos, con oficinas comerciales y legales en California y ceñidos a la legislación de ese país en materia de protección de datos, que desde el dictado del Acta Patriótica tras los atentados a las Torres Gemelas se han visto notablemente restringidos;  y el resto de los usuarios, que lo hacen a través de Facebook Irlanda.
El pedido formulado por los demandantes de que Facebook Irlanda se ciña a la normativa de la Unión Europea (UE) y no a la ley estadounidense se origina en el carácter garantista de los derechos ciudadanos estipulados en la primera, ya que es esta norma la que permitió recientemente un fallo favorable al derecho al olvido en la causa iniciada contra Google por la Agencia Española de Protección de Datos. Sucede que aún Irlanda no ha ajustado su legislación nacional a la norma continental, por lo que Facebook Irlanda, en esta zona gris jurídica, se rige por la legislación norteamericana, mucho más benigna para sus intereses y altamente perjudicial para sus usuarios.
El conflicto que actualmente afronta la Argentina con los denominados fondos buitre, aunque de una magnitud distinta, no es sino la cara complementaria de las consecuencias que acarrea la cesión de soberanía, como sucede con los usuarios de las redes sociales.
Eduardo Peduto
Director de Protección de Datos Personales
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires