El Defensor Alejandro Amor y la titular del área de Infancia y adolescencia María Elena Naddeo suscribieron el documento elaborado junto a numerosas organizaciones de derechos humanos y referentes de la temática como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, CASACIDN, Programa Atajo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Juntas Internas de ATE SENNAF (Secretaria Nacional de Niñez Adolescencia y Familia) y de ATE CDNNYA (Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes), plenaristas del Consejo, entre otros especialistas y organizaciones. Recibieron y firmaron el documento los diputados y diputadas Andrea Conde, José Cruz Campagnoli, Carlos Tomada, Paula Penacca, Gabriel Fuks, Gustavo Vera, María Magdalena Tiesso, Inés Gorbea, Adrián Camps, Pablo Ferreyra, entre otros.
En el documento se plantea la necesidad de concluir y concretar el proceso de transferencia de la justicia nacional y de las políticas públicas que todavía desarrolla la Nación y que son competencia de la Ciudad, como parte del proceso de fortalecimiento de la autonomía y consolidación institucional.
La decisión de transferir los institutos que albergan a los adolescentes en conflicto con la ley penal y que cumplen condenas con privación de libertad (Institutos San Martín, Rocca, Manuel Belgrano entre otros dispositivos) se realiza a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional sin consultar con las áreas correspondientes de la CABA, las comisiones especializadas de la Legislatura, la Defensoría del Pueblo o los gremios que agrupan a los y las trabajadoras de dichas instituciones.
En particular, el documento cuestiona la intención de trasferir dichos institutos al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, organismo cuya función principal es la defensa de derechos y el monitoreo de las políticas públicas de infancia, por lo cual no podría tener a su cargo los institutos donde los chicos cumplen sus condenas.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad coincidimos con los integrantes de esta Mesa de Trabajo en que esta transferencia puede ser una oportunidad para revisar las políticas públicas en materia de inclusión social y educativa de los adolescentes y jóvenes que delinquen, así como la de diseñar nuevos dispositivos para la prevención y reducir la internación en centros cerrados de manera drástica, cumpliendo en este sentido el mandato de la Convención. Una oportunidad para debatir y encontrar las estrategias para superar los obstáculos que atraviesa el sistema de protección integral de derechos de niños niñas y adolescentes de la Ciudad, la transferencia de la atención del área penal juvenil sin debate y sin disponer de los recursos y diseños institucionales adecuados puede generar una mayor crisis en las políticas sociales de la Ciudad, alertan los especialistas.
