“Existe un frondoso cuerpo normativo que protege los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional”, subrayaron en un documento conjunto la Dirección de Salud de la Subsecretaría de Derechos Sociales y la Dirección de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Seguridad de la Defensoría. “Pero en muchos casos los derechos más sensibles son vulnerados en el parto y/o post parto. Los casos más notorios son:
El derecho a preservar la intimidad de la intromisión no consentida en la privacidad de las mujeres, cuando se exhibe y/o revisa masivamente el cuerpo y los órganos genitales o distinto personal de salud efectúa tactos vaginales repetidos.
El derecho a la integridad corporal, que se relaciona con los principios básicos de privacidad, autonomía y dignidad.
El derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes como la insensibilidad frente al dolor, el silencio, la infantilización, los insultos y los comentarios humillantes (en particular hacia las mujeres que ingresan a los hospitales públicos con síntomas que generan sospechas de abortos provocados).
El derecho al más alto nivel de salud posible, cuando no se aplican los conocimientos más actualizados y se causa daño e iatrogenia”.
Cabe destacar que en Argentina, la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, define en su artículo 6, inciso e), a la violencia obstétrica como aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización y la patologización de los procesos naturales de conformidad con la ley, y en el inciso d) a la violencia contra la libertad reproductiva como aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Por todo lo expuesto, la Defensoría del Pueblo se pone a disposición de todas las mujeres cuyos derechos hayan sido vulnerados, y redobla su compromiso con la defensa, protección y promoción del derecho a un parto sin violencia.