Para ello, se indagó en los ingresos de este sector de la población al sistema penal juvenil durante 2020, 2021 y 2022, así como la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encontraban en situación de calle al momento de su admisión al Centro de Admisión y Derivación.
Asimismo, se solicitó que se informe si los y las adolescentes contaban con ingresos previos o actuaciones por parte del sistema de protección de la Ciudad de Buenos Aires, y qué dependencias del Consejo intervinieron oportunamente.
Por otra parte, se requirieron detalles sobre las medidas ejecutadas en relación con menores no punibles que ingresaron al sistema penal durante los años referidos y las reparticiones que hicieron el seguimiento de cada caso.
Con respecto a los y las adolescentes en edad punible, se pidió información sobre cuántos fueron derivados a un régimen cerrado, residencia socioeducativa de libertad restringida o programas alternativos y núcleos familiares.
Por último, se consultó sobre la existencia de programas de inserción sociolaboral, de acompañamiento luego de su egreso de los dispositivos y de trabajo junto con las familias.
