El motivo de la audiencia pública, que tuvo lugar desde las 9 en el Salón Auditorio de la Universidad de Morón, fue debatir la Estrategia de Salud Ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo y aportar ideas para desarrollar una política pública más participativa y fortalecer de esta manera la visión compartida sobre el estado de esa cuenca. Asimismo, se evaluó la tarea desempeñada por la Autoridad Cuenta Matanza Riachuelo (ACUMAR).
“Venimos aquí a hablar de sufrimiento ambiental. Detrás de las estadísticas y de los indicadores están las personas que padecen la devastación del ambiente. La contaminación es una forma tremenda y evitable del dolor humano” aseguró Fimognare, y explicó el marco de situación que se vive actualmente en torno a este tema: “Llegamos a esta nueva audiencia en estado de alerta. El Ministerio de Ambiente fue convertido en una Secretaría. Con el Presupuesto 2019 se bajan los recursos de 1.800 millones a solo 800 millones, que apenas alcanzarían para cubrir los gastos de personal de ACUMAR”, explicó.
El representante de la Defensoría aseguró que en territorio porteño “hay chicos con plombemia (envenenamiento que produce el plomo) que viven en villas y asentamientos bajo jurisdicción de ACUMAR”, a la cual criticó además por “no intervenir para armonizar las normas ambientales entre Ciudad, Provincia y sus propias Resoluciones, cuando es la máxima autoridad ambiental de la región”.
Fimognare aseguró que “después de 12 años de gestión bajo la tutela de la Corte y del Cuerpo Colegiado, ACUMAR exhibe algunos méritos y renovados documentos, pero el Riachuelo sigue siendo uno de los sitios más contaminados del planeta”, por lo cual enfatizó en la necesidad de “admitir que el esquema institucional que debería ejecutar la sentencia (de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Mendoza) ha fracasado”.
“A diez años del histórico fallo de la Corte y doce de la creación de ACUMAR, el problema no pasa por la debilidad de los documentos que presenta ésta última, sino por un esquema institucional que no funciona: el organismo creado para sanear la cuenca no es eficaz ni eficiente, el cuerpo creado para controlarlo no puede controlar y la CSJN no dispone lo necesario para que se cumpla con su propia sentencia. La CSJN, el Cuerpo Colegiado y ACUMAR deberían abrirse a nuevas alternativas para solucionar esta catástrofe ambiental”, concluyó.
