La subsecretaria de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría, Bárbara Rossen, participó hoy en la Audiencia Pública realizada la Legislatura porteña en la cual se puso en consideración la aprobación inicial del proyecto de ley 1802-D-2014 por el cual se dispone la “Transferencia de Inmuebles, Expropiación y Rezonificaciones” para conjuntos de viviendas de afectados por la liberación del camino de sirga.
De la audiencia también participaron el Defensor General Adjunto del Ministerio Público de la Defensa, Luis Duacastella, vecinos de la Villa 21-24, del Barrio El Pueblito y el director ejecutivo de ACUMAR, Antolín Magallanes.
En su exposición, Rossen manifestó que «participamos en esta Audiencia Pública porque es deber de la Defensoría del Pueblo velar por los derechos y garantías de todos los vecinos que habitan o transitan la Ciudad de Buenos Aires. Ante un proyecto de ley como el que tenemos en tratamiento, donde aparecen necesidades, demandas y por lo tanto derechos, cuestiones sociales y medio ambientales complejas y el inevitable debate, la Defensoría está presente y acompaña este proceso como organismo que colabora y propone soluciones de consenso. Respecto al tema que estamos debatiendo, quiero resaltar la actuación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictó un fallo histórico donde determinó quiénes son los responsables y deben llevar adelante las acciones necesarias para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo».
Asimismo, subrayó que «la relocalización de las familias que habitan sobre el camino de sirga es una de las 14 lineas de acción del Plan Integral de Saneamiento Ambiental aprobado por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y que la Ciudad de Buenos Aires debe resolver para dar efectivo cumplimiento a la sentencia. La ciudad es más que un hecho físico, es el escenario de intereses múltiples y a veces contrapuestos, del disenso y del consenso. Es la resultante de la historia, del presente y de las aspiraciones de sus habitantes. Cada generación deja su huella, su marca de principios, valores, aspiraciones y también contradicciones. ¿Que ciudad estamos construyendo? ¿Cuál es el legado que aspiramos dejarle a las futuras generaciones? ¿Solo Puerto Madero? ¿O una ciudad más justa? Este proyecto se inició por mandato judicial, pero continuó con debates y acuerdos que celebramos y acompañamos. La Defensoría del Pueblo, en su carácter de amicus curiae de esta causa, conocida como la causa Mendoza, participó en el proceso de debate de la ley que hoy está en consideración, acompaña la iniciativa, celebra la aprobación inicial y agradece a los señores legisladores el trabajo realizado».
Finalmente, destacó que «esta ley es sólo el comienzo del proceso de relocalización de las familias que hoy tienen sus derechos vulnerados. Es nuestro compromiso seguir trabajando en su efectivo cumplimiento como así también en la integración de todas aquellas nuevas demandas que cualquier proyecto siempre despierta. Los vecinos de El Pueblito y del Barrio Espora, por ejemplo, nos han arrimado sus inquietudes respecto a la escasa conectividad y a la necesidad de nuevos equipamientos Los escuchamos y asumimos sus requerimientos. No suele haber una solución definitiva de los conflictos. Frente a un problema, se plantea una solución y esa solución genera nuevos conflictos que demandarán nuevas soluciones. Asi es como se construye la ciudad. Y cuando se construye la ciudad se construye ciudadanía, que es la manera de relacionarnos colectivamente. La ciudad es una construcción colectiva. Nosotros construimos la ciudad y la ciudad nos construye a nosotros y como aspiramos a una ciudad más justa, esa es la huella que queremos dejar, lo hacemos pensando en el otro, pensando en el bien común y trabajando mancomunadamente con los vecinos y las instituciones».
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