Además, exhortó que se incorpore en la formación del personal de la Policía de la Ciudad cursos de capacitación obligatoria relativos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y al funcionamiento del sistema protectorio integral de derechos en el ámbito de la Ciudad para erradicar este tipo de prácticas.
La resolución 493/17 se originó ante la detención que sufrió un niño de 8 años acusado de robar un par de zapatillas en el pelotero de un local de comida rápida, el año pasado. Tras detenerlo, lo trasladaron al Centro de Admisión y Derivación (CAD) “Instituto Úrsula Llona de Inchausti” de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Además de tomarle las huellas digitales, el niño fue examinado por un médico legista y la causa quedó caratulada como “averiguación de hurto”. Tras ser detenido por cuatro horas, fue puesto a cargo de la Guardia Jurídica Permanente dependiente del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad, que dispuso su traslado al seno familiar ubicado en el barrio Ejército de Los Andes.
El escrito emitido por la Defensoría observa que aunque “el Régimen Penal de la Minoridad continúe vigente no exime a los organismos gubernamentales de su obligación de efectuar una interpretación jurídica armónica con el marco normativo vigente en nuestro país, constituido por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, y las leyes 26.061 y 114”.
El niño no debería haber sido ni detenido ni haber permanecido en el CAD. Para la Defensoría porteña “la actuación de las dependencias gubernamentales intervinientes evidencian graves irregularidades que merecen un análisis especial, principalmente a efectos de evitar repeticiones futuras”.
