Bandera Argentina
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Repudio a la represión contra la comunidad mapuche

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Consejo de Derechos Humanos, repudia enérgicamente la brutal represión ejercida por la Gendarmería Nacional y la policía provincial contra la comunidad mapuche Pu Lof del departamento de Cushamen, en la provincia de Chubut.

El violento accionar de las fuerzas de seguridad tuvo lugar en el marco de la disputa que dicha comunidad viene sosteniendo desde hace años con la multinacional textil Benetton por sus tierras ancestrales.

El día martes 10 de enero, alrededor de 200 efectivos realizaron un operativo cerrojo, clausuraron todos los accesos a las tierras en las que permanece establecida la comunidad mapuche y desde hace dos días ejercen operativos de control y acciones represivas sobre sus integrantes, que incluyeron golpes, maltratos y lesiones a mujeres y niños, además de un saldo de siete detenidos.

El jueves 12, la represión escaló cuando efectivos de seguridad irrumpieron violentamente en las tierras de la comunidad Pu Lof, sin orden judicial alguna, y comenzaron a disparar balas de goma y de plomo a mansalva sobre los presentes. Como consecuencia de este brutal accionar un integrante de la comunidad, Emilio Jones, debió ser internado con el maxilar destrozado por un disparo con balas de goma efectuado a quemarropa. Otro de los heridos, Fausto Jones Huala, se encuentra también internado en terapia intensiva por un politraumatismo de cráneo producto de varios disparos de bala de goma efectuados a muy corta distancia.

El accionar llevado a cabo por las fuerzas de seguridad y policiales resulta a todas luces inadmisible en el marco de un Estado de derecho y constituye una violación flagrante de los derechos humanos de los integrantes de esta comunidad indígena.

Expresamos nuestra profunda preocupación por el proceso de criminalización de la protesta y de los reclamos que está llevando adelante el gobierno provincial contra la comunidad Pu Lof y exigimos a las autoridades que arbitren los medios necesarios para hacer cesar -de modo inmediato- este accionar represivo; se investiguen los hechos, se determinen responsabilidades y se sancionen a los autores de estas violaciones.