En el marco de la intervención de la Defensoría del Pueblo sobre los alcances del procedimiento de reconocimiento facial con respecto a la protección de derechos y, en particular, con la protección de datos personales, distintas áreas del organismo mantuvieron una reunión en dependencias del Ministerio de Seguridad porteño con el objetivo de analizar el sistema de reconocimiento facial de prófugos, que ya lleva dos meses de implementación en la Ciudad.
El pasado 24 de abril se emitió la resolución 398/MJYSGC/19 que estableció la implementación del nuevo dispositivo tecnológico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la vez que dispuso que la Defensoría del Pueblo actuara en calidad de auditora de su funcionamiento.
