Por medio de la firma de un convenio de cooperación, esa cartera se comprometió a facilitar el acceso a los espacios institucionales donde opera el sistema para que personal de la Defensoría pueda trabajar in situ. Además, dispondrá el acceso a toda la información pertinente, tal como los protocolos, manuales o guías de acción del personal a cargo del SRFP y los convenios que el Ministerio haya firmado con el RENAPER, el Registro Nacional de Reincidencia o cualquier otro organismo publico.
La auditoría, que se extenderá por el plazo de seis meses, también se centrará en las 3947 alertas que se emitieron durante el abril y diciembre de 2019, a fin de establecer cuales fueron los criterios para catalogar cada uno de los casos.
Por otra parte, se requirió información con respecto a la colocación de cartelería en la vía publica que informe sobre la implementación del sistema, el inicio de procesos administrativos disciplinarios a operadores y las razones de los mismos, los pedidos de acceso a la información pública recibidos (ley 104), y la modalidad de destrucción de los datos personales almacenados.
Cabe destacar que como organismo de aplicación de la ley 1845, la Defensoría del Pueblo tiene la obligación de intervenir ante la aplicación del Sistema para garantizar un funcionamiento transparente y respetuoso de los datos personales de quienes viven y transitan por la Ciudad.
