El documento elaborado parte de la premisa de que la pandemia hizo imprescindible el aislamiento de las personas contagiadas, situación que genera inevitablemente escenarios de desconexión familiar, soledad y desconsuelo en los pacientes afectados. Sin embargo, llama la atención sobre reiterados casos de pacientes que luego de su internación no pudieron retornar a sus hogares, ni volver a ver a sus afectos y fallecieron finalmente en soledad.
Según se argumenta en la propuesta, “si bien las circunstancias forzadas por una infección con tan alta contagiosidad y letalidad hacen que sea imperativa la adopción de medidas muy estrictas para prevenir la transmisión de este virus, una auténtica calidad asistencial no debe perder de vista el entorno compasivo en el acompañar y en el morir de estos pacientes”.
En este sentido, la Defensoría advierte que la decisión sobre la propia vida y el acompañamiento familiar forman parte de un conjunto de derechos que no deben ser descuidados, en tanto se encuentran tutelados por todo el sistema jurídico vigente.
En particular, se hace referencia a casos de fallecimientos inminentes y la necesidad de respetar el derecho a la información, la elección sobre distintas opciones clínicas para aliviar el sufrimiento y el acceso a una muerte en condiciones dignas y en compañía de seres queridos, previo consentimiento informado.
En el actual contexto, el Estado debe la minimizar la vulneración de estos derechos, la ciudadanía debe conocerlos y poder evaluar alternativas, los profesionales de la salud deben colaborar para hacerlas posibles, y las instituciones deben garantizarlas.
Por todo esto, se recomendó a las autoridades porteñas la implementación de protocolos para que las instituciones del sistema de salud adopten medidas tendientes a humanizar las prácticas de aislamiento, de acuerdo a las posibilidades y recursos de cada ámbito.