En el mes de noviembre de 2012, las distribuidoras Edenor y Edesur solicitaron a la Secretaría de Energía de la Nación que se aplique la cláusula de ajuste pactada en el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual, denominada Monitoreo de Mayores Costos. Este pedido se fundamentaba en el congelamiento tarifario dispuesto por las autoridades nacionales, que afectaba el nivel de inversiones en obras de infraestructura y mantenimiento del servicio.
En razón de ello, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), mediante la Resolución Nº 347/12, autorizó a las empresas Edenor y Edesur a cobrar un importe fijo diferenciado para todas las categorías de usuarios, cuyo objeto era constituir un fondo para la realización de obras de infraestructura y mantenimiento del sistema eléctrico, las que serían administradas por un fideicomiso, que pasó a denominarse Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE).
En ese momento, ambas distribuidoras comenzaron a recibir distintos montos por el FOCEDE, que permitieron la realización de las obras. Por otra parte, un informe de FUNDELEC del año 2014 manifestó que para ese año las inversiones realizadas por estas empresas, con los ingresos del FOCEDE, fueron de $ 3950 millones.
A su vez, en el Informe de Control Interno y Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación, correspondiente al año 2015, se informó que: “ A partir de la Resolución Nº3/2014 del Registro del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios se estableció que las inversiones a realizar con los fondos provenientes del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE), creado por Resolución N°347/2012, serían decididas por la SSCyCG. En este marco, se lanzó un Plan de Inversiones de obras energéticas que lleva aprobado más de 5.000 millones de pesos para la distribuidora Edesur S.A., de los cuales ya se ejecutó más del 70% y más de 3.000 millones de pesos para la distribuidora Edenor S.A., con una ejecución del 60%. En total se realizaron, entre ambas distribuidoras, más de 800 obras de alta, media y baja tensión”.
Posteriormente, las nuevas autoridades nacionales en el mes de febrero del corriente año, a raíz del reclamo de las distribuidoras eléctricas, dispusieron, mediante la Resolución N° 1/2016, actualizar los valores del régimen tarifario y aplicaron un aumento promedio del 400% en las tarifas residenciales y porcentajes similares a comercios e industrias.
El pasado mes de octubre, se celebró la Audiencia Pública para tratar la Revisión Tarifaria Integral de las empresas de distribución eléctrica, en la cual éstas propusieron un cuadro tarifario que contempla un nuevo incremento en el valor agregado a la distribución, con implicancias en la factura final que pagarán los usuarios de todas las categorías, a partir del año próximo.
Para tener en cuenta cuál fue la evolución de los ingresos de ambas concesionarias durante el presente año a partir del mes de febrero en el que se puso en vigencia el nuevo cuadro tarifario, resulta elocuente consultar los balances de las empresas referidos al primer semestre de 2016:
Edenor informó un incremento en su recaudación superior al 200% respecto al año 2015, recaudó $5707,2 millones, contra $ 1.868,0 millones obtenidos entre enero y junio de 2015. En tanto, Edesur, en el primer semestre de 2016, de acuerdo a su balance semestral, recaudó $6.339,9 millones, contra $1.999,6 millones en igual período del año anterior.
Simultáneamente al ajuste tarifario del mes de febrero de 2016, el ENRE dispuso con fecha 1º de febrero, a través de la Resolución Nº 2/2016, ratificar la continuidad de la Resolución N° 347/12, que incrementa parcialmente el valor del cargo que pagan los usuarios, modifica el ciclo de pago de dicho cargo y pasa de ser bimestral a mensual. De este modo, el ingreso de las distribuidoras se vería acrecentado en un 100%.
El cargo fue creado cuando las tarifas eléctricas estaban congeladas; en la actualidad y luego del ajuste tarifario, es consideración de la Defensoría, que no tiene fundamento que los usuarios sigan pagando un cargo destinado a obras y mantenimiento del servicio, que ya fue contemplado en la modificación tarifaria vigente desde febrero 2016 y en la Revisión Tarifaria Integral, realizada recientemente. En este sentido, se observa que su continuidad sólo favorece la rentabilidad de las empresas que obtendrían una recaudación multimillonaria con un aporte más de los usuarios del servicio.
