El 15 de abril, el Defensor del Pueblo Alejandro Amor, presentó ante la Legislatura porteña el proyecto de ley que plantea la prioridad en la asignación y adjudicación de viviendas en casos de violencia de género en los procesos de integración socio-urbana.
Entre los fundamentos de este proyecto se expresa que “más allá de los casos de violencia extrema, como lo es el femicidio, la violencia es cotidiana en la vida de muchas mujeres, a través de maltratos, golpes, controles, entre otras formas. La violencia económica que sufren muchas mujeres vinculada estrechamente con la dependencia económica de sus conyugues, hace que sea imposible para ellas salir del circulo de la violencia, más aun si tenemos en cuenta que el acceso a la vivienda digna en la ciudad de buenos Aires es uno de los derechos de mayor vulneración. La posibilidad de acceder a una vivienda resulta imprescindible para lograr la autonomía económica y subjetiva de las mujeres, (…) más aun en los barrios vulnerables de la ciudad en los que la interseccionalidad multiplica varias veces las situaciones de vulnerabilidad a las que se encuentran expuestas mujeres y sus hijos e hijas”.
En los barrios que se encuentran en proceso de integración socio-urbana desde 2016, la asignación y adjudicación de viviendas se rige por la ley de integración social y urbana de cada barrio y, en lo operativo, por un sistema de puntaje (scoring), discutido en las Mesas de Gestión Participativa previstas por la ley, que forma parte de la Operatoria de vivienda nueva. A través de este sistema se establece el orden en que las familias van a ser relocalizadas de acuerdo a las distintas situaciones de hábitat en las que se encuentren.
En tal sentido, el proyecto de ley señala que “a medida que fue avanzando el proceso y fueron consolidándose las relocalizaciones, empezaron a observarse ciertas situaciones que resultaban críticas y ponían en cuestión el scoring aprobado en tanto requerían de una intervención urgente (…) Particularmente las situaciones de violencia de género requieren inmediatez en la respuesta. Tal es así, que ante situaciones graves donde el agresor convive con la víctima (…) debiera considerarse tal situación para la adjudicación de vivienda inmediata así como su tratamiento”.
Por otra parte, se han presentado casos en los que mujeres víctimas de violencia de género, al abandonar la casa en la que convivían con su agresor para preservar su integridad ya pesar de estar correspondientemente censadas, no son consideradas en situación de prioridad para acceder a una solución habitacional única y definitiva.
Desde la Defensoría se han señalado estas situaciones y la necesidad de una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad en varias Mesas de Gestión Participativa en las que como órgano de derechos humanos, vela por el cumplimiento de los mismos.
