El proyecto hace hincapié en la definición de acciones para la asistencia integral de las víctimas y propone mejoras en los Centros Integrales de Atención que, de aprobarse, deberán contar con servicios de atención psicológica y tratamiento para las víctimas; asesoramiento y patrocinio jurídico gratuitos inmediatos, y asistencia social. Por otro lado, también se promueve un servicio de asistencia psicológica y tratamiento para los/as agresores/as, pero en días y horarios diferentes, para evitar el contacto con las víctimas, en los casos en que ello sea necesario.
Las violencias de género y familiar son una problemática que afecta principalmente a los grupos más vulnerables de la sociedad y requiere una especial atención por parte del Estado. Teniendo en cuenta estos datos y los diversos tratados internacionales a los que nuestro país se encuentra adherido, la Defensoría plantea esta instancia para poder encontrar una solución que sea viable a corto plazo y perdurable en el tiempo.
