La norma establece que la Defensoría del Pueblo porteña instale un espacio de atención en los eventos masivos de música electrónica, en el cual se les entregará a los asistentes información acerca de sus derechos y se atenderán denuncias por incumplimiento a la legislación. Las denuncias se recibirán en forma presencial y a través de una línea telefónica que será creada al efecto, cuya función será asesorar al interesado y articular con las reparticiones correspondientes, para que intervengan en aquéllas situaciones en las cuales exista un avasallamiento de derechos.
Según el texto del proyecto, el Ministerio de Salud porteño garantizará la asistencia de un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales médicos y psicólogos en cantidad adecuada al número de asistentes al evento y con capacitación e infraestructura específica para el tratamiento de personas que presenten síntomas y/o manifiesten que hayan consumido y/o usado sustancias psicoactivas. Estos profesionales deberán trabajar en conjunto con el personal del SAME para mejor anticipación y coordinación de potenciales situaciones masivas.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -en forma conjunta o por separado- difundirán información de prevención a los efectos de reducir conductas de riesgo, que los asistentes conozcan sus derechos y la posibilidad de realizar denuncias por delitos o avasallamientos a sus derechos.
«Hace 30 años las fiestas electrónicas no existían; la sociedad cambia y evoluciona. Por eso, debemos aggiornar las normas para evitar que episodios como el de la Time Warp se repitan», explicó el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor.
La iniciativa también contempla la implementación de puestos hidrantes para reducir riesgos, así como la elaboración de campañas de prevención y publicidad. También establece la conformación de un Registro de Organizadores de Eventos Recreativos Masivos y un Comité de Seguimiento y Control de Eventos Recreativos Masivos.
Este comité estará conformado por el Defensor del Pueblo, el Ministro de Justicia y Seguridad, el Director General de Eventos Masivos, el titular de la Pastoral Social de la Ciudad de Buenos Aires, el titular del SAME, el titular del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, un representante por cada bloque de Diputados de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos representantes de ONGs vinculadas a la prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. También se invitará a representantes del SEDRONAR y de los Ministerios de Salud y Seguridad de la Nación.
Al mismo tiempo, este comité podría participar en la elaboración y evaluación de las políticas de prevención de riesgos y seguridad en eventos masivos que se realicen en la jurisdicción de la Ciudad; promover iniciativas y efectuar recomendaciones en materia de prevención, reducción de daños y protección integral de la salud de las personas que concurren a eventos masivos; proponer la adopción de planes, medidas, métodos y procedimientos para preservar la seguridad de las personas durante el desarrollo de estos eventos; requerir todo tipo de información relacionada con la organización y/o desarrollo de un evento masivo a las autoridades competentes, a las fuerzas de seguridad, a autoridades judiciales, a los titulares de los establecimientos donde se desarrolle el evento y/o a las personas físicas y/o jurídicas organizadoras de los mismos, y fijar el plazo para su producción, entre otras cosas.
