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Proyecto de ley para establecer un régimen de prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres y diversidades en el ámbito político

La iniciativa de la Defensoría intentará avanzar en un abordaje integral de la problemática, adaptándola a las características y dinámicas propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias.

La normativa, amparada en la ley nacional 26485, tiene el objetivo de establecer un marco de protección que permita:

-prevenir actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de violencia política que afecten a las mujeres y diversidades en su ejercicio de actividades;

-garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y todas las personas de la diversidad candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones políticas; y

-desarrollar e implementar políticas públicas para la erradicación de toda forma de violencia política.

La iniciativa tendrá como ámbito de aplicación a los tres poderes del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos sus niveles y jerarquías. Asimismo, alcanza a todos los partidos políticos, organizaciones sociales y personas que desarrollen actividades de naturaleza política.

La autoridad de aplicación, que será el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá las siguientes finalidades:

-Diseñar, implementar, monitorear y evaluar políticas, estrategias y mecanismos para la prevención y erradicación de la violencia política contra las mujeres y las diversidades, la protección y atención integral a sus víctimas, y la sanción y reeducación a los autores.

-Elaborar y llevar a cabo campañas de difusión que apunten a la concientización y sensibilización acerca de la violencia política hacia las mujeres y diversidades.

-Llevar adelante el monitoreo, control y evaluación de la implementación de la presente ley e imponer sanciones frente a los incumplimientos.

El acceso y la visibilización de la mujer y las diversidades en ámbitos tradicionalmente masculinos llamados “públicos” se encuentra cargado de obstáculos. Si se observa la participación de las mujeres en política, se evidencia que hay un largo camino por recorrer. El Congreso Nacional buscó subsanar la falta de representación de las mujeres en cargos electivos mediante la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, incorporó, dentro de su código electoral sancionado en 2018, la paridad y alternancia dentro de las listas a cargos públicos electivos de órganos colegiados.

Si bien se ha avanzado en materia de normativa, aún queda mucho que hacer para erradicar las prácticas machistas que apuntan a excluir a las mujeres y a las diversidades de la carrera política. La existencia de leyes de cupo y paridad no son suficientes para garantizar la participación libre de las mujeres y diversidades en el ámbito político, ya que existen distintos mecanismos estructurales dentro de la dinámica de las prácticas políticas y de los mismos partidos que desalientan la participación de las mujeres y diversidades.

«La violencia política contra las mujeres y diversidades es un obstáculo para el pleno ejercicio de sus derechos políticos, que dificulta el acceso y permanencia en todos los puestos de representación y toma de decisión. Prevenir, atender y erradicar este tipo de violencia es indispensable para trabajar en pos de garantizar esos derechos y en el camino a la consolidación de la calidad democrática», aseguró el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor.

Con esta iniciativa se intentará avanzar en un abordaje integral de la problemática, adaptándola a las características y dinámicas propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus dependencias.

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