Los objetivos de la iniciativa son generar espacios de prevención y desarrollo de actividades que favorezcan la salud sexual, la procreación responsable, la no discriminación, la no estigmatización, la prevención de la violencia, del abuso sexual, de los noviazgos violentos, el respeto por la identidad de género y la promoción de los derechos de niñas/os y adolescentes.
Además, esos espacios deberán brindar asesoramiento específico a las consultas formuladas por docentes, padres y alumnos. La norma también establece que las asesorías estarán conformadas por docentes y profesionales de la salud y las ciencias sociales.
En los fundamentos del proyecto, la Defensoría destacó que “transcurridos casi diez años desde la sanción de la ley 2.110 de Educación Sexual Integral en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que en los establecimientos educativos se realizan acciones aisladas que tienen que ver con la energía de los propios docentes y de sus conducciones pedagógicas para incorporar en los proyectos institucionales de cada año escolar. Esfuerzos valiosos pero con escasos recursos y muy poco respaldo profesional y académico”.
Por lo tanto «creemos que la incorporación de la educación sexual integral y la perspectiva de género son contenidos y estrategias indispensables para el cuidado de la salud de niños niñas y adolescentes, así como para prevenir situaciones de violencia impulsando el respeto mutuo en las relaciones interpersonales y la eliminación de los estereotipos que discriminan y segregan”.
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