El protocolo se basa en las definiciones conceptuales de la legislación vigente en materia de violencia de género, en especial la Ley 26485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, el sistema de protección establecido por la Ley 26061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la ley 114 de la CABA, y establece los mecanismos para la resolución de consultas y denuncias que serán debatidas en la próxima reunión prevista para el martes 10 a las 16 en el salón auditorio de la Defensoría del Pueblo.
Entre los objetivos y acciones que plantea el protocolo se destacan la generación de un circuito conocido por estudiantes docentes y padres acerca de cómo efectuar consultas y denuncias, y la identificación de los responsables institucionales debidamente capacitados para recibir las consultas en cada escuela.
Entre otras cuestiones, el protocolo también estipula la creación de un ámbito de confidencialidad para escuchar a las estudiantes; el establecimiento de canales rápidos de comunicación con los organismos responsables de recepcionar las denuncias como el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de la Mujer y las fiscalías especializadas en género; y evitar el contacto o la convivencia en el mismo curso o turno -si fuera posible- entre la estudiante denunciante y el agresor.
Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo se compromete a capacitar al personal directivo de todos los establecimientos y a los y las responsables institucionales; difundir las nuevas normativas; realizar el seguimiento y la articulación con las distintas áreas y efectuar una evaluación en la puesta en marcha del protocolo.
