A medida que fue transcurriendo la pandemia, y con las distintas medidas de aislamiento dispuestas tanto por el Gobierno Nacional como por el local, la problemática de los alquileres en villas se vio agravada. La pérdida o suspensión temporal del trabajo y las consecuentes dificultades económicas para las familias para poder sostener el pago del alquiler, en conjunción con la necesidad de los propietarios de poder contar con dicho ingreso para subsistir, dieron lugar a un incremento de los conflictos entre las partes, llegando muchas veces a producirse el desalojo de los inquilinos.
En ese marco, desde la Defensoría se abordaron distintas líneas de acción para poder intervenir en la problemática, evitar los aumentos del alquiler y prevenir los posibles desalojos. Basados en los Decretos Nacionales 320/20, 766/20 y finalmente del 66/21 que prohíben los desalojos y los aumentos en el precio del alquiler hasta el 31/03/2021, se trabajó con las partes a fin de contribuir al acuerdo entre ambas. Para ello, desde la Coordinación Operativa de Villas, la Coordinación Operativa de Vivienda, la Coordinación Operativa de Mediación y la Adjuntía de Bárbara Bonelli, se abordó el tema de manera articulada y se pusieron a disposición, tanto de propietarios como de inquilinos, un conjunto de herramientas para abordar los conflictos y arribar a acuerdos de manera pacífica.
Además de tomar las denuncias sobre los conflictos de este tipo en cada uno de los barrios –en buena medida por parte de inquilinos, pero también de propietarios–, brindar información a las partes sobre sus derechos y obligaciones, y dar intervención al ejecutivo local en cada caso, se puso a disposición la herramienta de la mediación comunitaria. La misma fue utilizada en múltiples situaciones para intervenir sobre amenazas de desalojo, problema de convivencia entre las partes, aumentos de alquiler, etc. Se trata de concretar una reunión de carácter formal entre las partes, voluntaria, totalmente confidencial, gratuita y simple, en la que un mediador busca orientar a las partes para llegar a un acuerdo, resolver el conflicto que diera origen al mismo, y evitar el desalojo. La mediación, en el marco de la pandemia, tuvo una parte virtual –los mediadores,secretarios administrativos y personal de distintas áreas de la institución – y una parte presencial –el equipo territorial de la Defensoría, el área del Gobierno de la Ciudad a cargo del tema, los propios vecinos en conflicto–. Para eso, el esfuerzo de adaptación fue importante de todas las partes, pero resultó efectivo en una enorme mayoría de los casos en los que fue necesaria.
Por otro lado, cabe destacar que desde la Defensoría se participó activamente en distintos espacios institucionales que se propusieron para generar líneas de acción para abordar la problemática. Así, se trabajó articuladamente con el Gobierno de la Ciudad y otros organismos de defensa y protección de derechos en la confección del Protocolo de Barrios Populares en el marco del COVID-19, el cual aborda una multiplicidad de problemáticas y establece distintos mecanismos de intervención sobre las mismas, entre las cuales se encuentra la cuestión de los alquileres informales en Villas.
El tema también se trabajó territorialmente en las mesas que existen a nivel barrial y a través de la difusión de los derechos de propietarios e inquilinos, en un esfuerzo por dar a conocer normas, derechos, obligaciones, mecanismos de garantía de esos derechos, etc., en espacios y vínculos barriales que desde siempre parecerían funcionar por fuera de estas lógicas. Se trata de ofrecer protección social dando a conocer derechos a parte de la población que reside en la Ciudad, para la que por momentos ciertos mecanismos parecen ajenos. Para esa promoción de derechos, la cercanía que ofrece la intervención territorial resulta central.
Al día de hoy se continúa trabajando en la difusión de derechos y en la prevención de los desalojos y se prevé continuar con el acompañamiento de las partes, a fin de facilitar la resolución pacífica de los conflictos y garantizar los derechos de los afectados. Se trata de un problema que estaría afectando principalmente a mujeres, según se ha podido ver por el sexo de quienes establecen su denuncia inicial: tres cuartas partes de los casos atendidos en las sedes de villas de la Defensoría son mujeres.
Finalmente, se continúa trabajando para impulsar espacios en los que los tres poderes puedan tomar posición y definir líneas de acción en relación a los problemas que derivan de la informalidad de los alquileres en villas, problema que sin duda se asocia a la necesidad de acceso a una vivienda digna para parte de la población que reside en la Ciudad de Buenos Aires.
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