Si bien desde este organismo se considera que las prisiones preventivas constituyen un dispositivo excepcional, el cual no debe generalizarse, la causa iniciada contra el pediatra del Hospital Garraham generó una profunda conmoción en el ámbito de las instituciones de infancia y adolescencia.
Se trataría de un delito particularmente agravado por el vínculo y por la relación médico paciente, que en el caso los equipos de pediatría – así como en los educativos – revisten particular responsabilidad en el cuidado y atención de la infancia.
Quienes están a cargo de la educación o de la atención de la salud de los niños, niñas y adolescentes deben demostrar y ejercer en su calidad profesional y en su conducta cotidiana el compromiso asumido en la defensa y protección de los niños.
Hubo una tolerancia importante de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en no generar una denuncia temprana cuando en el mes de noviembre del año 2018 se recibió el pedido internacional de allanamiento de las oficinas y domicilio del pediatra. Su detención se realizó una vez examinadas las imágenes infantiles, por lo cual se puede entender el indicio de certeza para su procesamiento.
Desde la Defensoría del Pueblo porteña se considera que se trata un caso grave y preocupante toda vez que ocurrió entre los muros de uno de los Hospitales más prestigiosos de nuestro país, por lo cual los circuitos de prevención del cuidado de los niños y el rol de la Justicia deben ejercerse con absoluta rigurosidad.
