María Rosa Lencina, de 27 años, embarazada de 38 semanas y con indicación de próxima cesárea, llegó al Hospital Fernández el 24 de julio con mucho dolor en el bajo vientre. Según el relato de la tía, allí le dijeron que no existía criterio de internación y que volviera en la semana para fijar día y hora de cesárea. Frente a esta situación el sábado, al continuar e incluso aumentar el dolor, fueron al Hospital Rivadavia. Allí internaron a la joven a las 10.30 hs. – la beba había fallecido en el vientre materno – y a las 13 hs. le informaron a su tía que María Rosa había fallecido.
Esta denuncia fue recibida por el programa de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo. “Estamos en conocimiento de las difíciles condiciones en que se desenvuelve la tarea profesional de los equipos de salud y de la falta de personal motivado por el aislamiento preventivo, por el contacto de casos estrechos e incluso por contagio del propio personal. Por ello, las medidas de precaución y derivaciones que se prescriban a las mujeres embarazadas deben ser sumamente cuidadosas”, expresó María Elena Naddeo, titular del Programa. Asimismo, planteó que “la gravedad de los hechos narrados hace necesario generar una investigación urgente y la realización de la autopsia correspondiente, a fin de establecer adecuadamente los motivos de los decesos mencionados”.
El área participa de la Mesa de Derechos Reproductivos y Parto Respetado, constituida con motivo de velar por el cumplimiento de la Ley 25.929 y de los derechos de las mujeres y personas gestantes embarazadas. En el pedido de informes se vuelve a recordar la existencia de protocolos específicos para la atención de las embarazadas, en este caso no portadoras de COVID-19, así como la plena vigencia de la Ley de Parto Respetado, que exige el pleno respeto de los derechos humanos de las pacientes, así como de la Ley 26485 de Prevención de la Violencia de Género, donde la figura de violencia obstétrica se encuentra tipificada.
