Durante los últimos meses observamos que la Dirección Nacional de Migraciones ha centrado su política de trabajo territorial y comunicacional en operativos destinados al control de permanencia. El reciente anuncio de creación de un Centro de Alojamiento para extranjeros en situación de irregularidad migratoria reinstala la vieja idea del extranjero como amenaza.
En este sentido, la política migratoria actual pareciera asociar la migración a una cuestión de seguridad y control, soslayando las obligaciones asumidas a partir del reconocimiento de la migración como derecho humano esencial e inalienable.
El proceso democrático que caracterizó la sanción de la Ley 25.871 y su Decreto Reglamentario 616/2010 permitió saldar la vieja discusión planteando así la obligación del Estado de promover el acceso a la residencia de los migrantes y sus familias, y a un trato igualitario y sin discriminación en el ejercicio de otros derechos fundamentales. Así, “la ruptura más evidente la constituye la perspectiva de los derechos humanos y el consecuente abandono de la doctrina de la seguridad nacional adoptada en la normativa migratoria anterior” (Domenech, E., 2008).
La historia y el presente dan muestras suficientes de que la irregularidad migratoria asimilada al delito expone a las personas, adultos y niños, a situaciones de abuso, explotación y vulnerabilidad.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires refuerza su compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes, y advierte la importancia de que el Estado recupere el espíritu de la Ley 25.871 orientado a la inclusión, promoción y garantía de los derechos fundamentales de quienes habitan el suelo argentino.
