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Preocupación de la Defensoría por los anuncios de cambios en la política migratoria argentina

Desde lo comunicacional, se ha observado en los últimos tiempos que en forma permanente se instala la idea de la migración como amenaza. Amenaza a la seguridad, amenaza a los “argentinos”.

Se ha señalado desde el Estado que se trata de generar una migración “ordenada y segura”, de crear un “organismo de control” donde se deje “ingresar a las personas que vienen a engrandecer al país y no dejar ingresar a los delincuentes” [1], de la posibilidad de “cobrar un peaje en todos los pasos fronterizos”[2].

Preocupa el discurso, pero más las acciones y la transformación del discurso en realidad en desmedro de una ley que de modo integral concibió y concibe a la migración como derecho humano esencial e inalienable.

Así, la política migratoria actual asocia la migración a una cuestión de seguridad y control, no solo a partir del Convenio firmado con el Ministerio de Seguridad para la creación del Centro de Retenciones, sino también de los operativos destinados al control de permanencia que en su misma página anuncia, de la securitización de las fronteras.

No debe soslayarse que la irregularidad migratoria no es un delito, que las personas tienen derecho a migrar y a obtener su residencia en línea a los objetivos de la Ley 25.871. Así, la expulsión de una persona por su situación migratoria irregular no resuelve la trata de personas ni la explotación laboral, por el contrario, la alimenta.

Preocupa a esta institución que se modifique el decreto 616/10 reglamentario de la Ley de Migraciones en base a estos anuncios que ven a la migración como una cuestión que hay que controlar, regularizar y ordenar. Porque controlar la permanencia no es sinónimo de promover la regularidad migratoria, no es sinónimo de abordaje territorial, sino que estigmatiza y reinstala la idea de combate de la migración que supo ser parte de la doctrina de la seguridad nacional.

De este modo, la Defensoría expresa su preocupación frente al cambio de paradigma que se está instalando desde lo comunicacional y desde las prácticas y anuncios de la DNM, y refuerza la necesidad de no retroceder en los estándares alcanzados y que dieron por resultado la sanción de la Ley 25.871 así como el dictado del Decreto 616/10.

[1] http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?mostrar_novedad=3276

[2] http://www.ambito.com/862796-cobraran-peaje-a-extranjeros-que-ingresen-a-la-argentina.