De hecho, según el cronograma establecido por el Poder Ejecutivo, a la fecha el 100% de los modelos de las medianas y grandes marcas de ropa y el 85% de los modelos de las marcas pequeñas deberían ajustarse a la Ley de Talles. Además, según una encuesta que realizó el Centro de Estudio, Investigación y Opinión Pública (CEIO) de la Defensoría, el 90% de las personas consultadas asegura no haber conseguido su talle cuando fue de compras, indicador claro de que ese inconveniente se ha generalizado en la Ciudad de Buenos Aires.
Con el fin de superar los obstáculos con los que se encontró la ley para su aplicación, la Defensoría propone cambiar la referencia de la «Tabla de Medidas Corporales Normalizadas» para que en lugar de las normas IRAM que se venían aplicando se utilicen las medidas, rangos, progresiones y talles resultantes del Primer Estudio Antropométrico Nacional del país que está realizando el Instituto Nacional de Tecnología Industrial que, por primera vez, permitirá contar con las medidas corporales actuales y propias de los argentinos. Como propuesta superadora, se busca que el sistema definitivo que se elabore sobre la base de ese estudio no contenga sistemas de talles distintos según el sexo o género de una persona, ya que la noción de sexo es falsa porque no permite aportar datos ciertos sobre la corporalidad, máxime si tomamos en cuenta el carácter superador de la identidad de género autopercibida, reconocida por el Estado. Asimismo, la normativa incluiría también al calzado, con un mínimo de hasta 13 talles en ese rubro.
Por otro lado, por la voluminosa cantidad de denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo, la propuesta establece mecanismos para que el organismo colabore como autoridad de aplicación.
En este sentido, se convoca a la realización de campañas de difusión para que la ciudadanía esté al tanto de sus derechos con respecto a este tema, y se incorpora la obligación de los locales de tener un cartel en su vidriera en el que mencione la vigencia de la Ley de Talles e incluya una tabla de medidas corporales estandarizadas y pictogramas con especificaciones de medidas en las prendas.
En lo que respecta al régimen de sanciones, la iniciativa contempla la implementación de multas para aquellos locales que no cumplan con las disposiciones reguladas en la nueva normativa, y una reparación para los afectados/as de hasta un 50% de descuento por la discriminación sufrida ante la inexistencia de talles.
De esta manera, la Defensoría del Pueblo trabaja en subsanar la discriminación que es provocada por la fabricación y posterior comercialización de prendas de vestir cuyas medidas excluyen a la mayoría de la población.
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