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Por la aplicación de las Reglas Mandela en Argentina

La Defensoría manifiesta su beneplácito por la campaña que lanzaron la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación con el objeto de promover la aplicación de esas reglas, aprobadas por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2015.

El Defensor del Pueblo Alejandro Amor y el Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo porteña manifiestan su beneplácito por la campaña que lanzaron la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación con el objeto de promover en Argentina la aplicación de las Reglas Mandela aprobadas por unanimidad en la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2015.

Esas reglas incorporan principios elementales que deben guiar las condiciones de encarcelamiento de personas, sobre la base del respeto a la dignidad humana y la prohibición de torturas, de tratos crueles, inhumanos o degradantes, con una orientación especial a la resocialización de los reclusos, base indispensable en la contribución a la convivencia democrática y la seguridad ciudadana.

Las Reglas Mandela constituyen una actualización y revisión del primer documento sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas en 1955, llamado Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.

La crisis actual del sistema carcelario impacta negativamente en el tratamiento de las personas privadas de la libertad, quienes muchas veces son afectadas por tratos inhumanos y degradantes, condiciones inaceptables de vida y múltiples violaciones a derechos humanos. Esta situación impone la toma de conciencia y aplicación inmediata de los principios rectores que nacen de las Reglas Mandela.

Se trata de un cambio de perspectiva de singular importancia por el cual la Comunidad Internacional busca el respeto pleno de los derechos de las personas privadas de libertad, en tanto se deja de concebir al encarcelamiento como un tiempo desperdiciado de sufrimiento y humillación para convertirse en una etapa de desarrollo personal que conducirá a la persona a la plena reinserción social.

En particular, compartimos la preocupación sobre la importancia de abordar la política criminal desde un cambio de paradigma hacia la inclusión de derechos humanos en su integralidad como el único camino posible para lograr la efectiva reinserción social de las personas privadas de libertad y el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Por lo tanto, nos sumamos a los oportunos esfuerzos para lograr el pleno cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos de las personas privadas de libertad, mientras recordamos la ilustrada lección enseñada por Nelson Mandela: “No se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos”.