Según refiere el Defensor en su nota, el origen de su requerimiento se debe al haber tomado conocimiento de que la jefa de la UTI del Hospital Zubizarreta se infectó de COVID-19 y que por esa razón la unidad se encuentra cerrada.
Asimismo, manifestó que en el Hospital Ramos Mejía también hay algunos de sus servicios interrumpidos por tener agentes infectados.
Alejandro Amor, en este sentido, solicitó al ministro de Salud porteño que se investiguen y determinen los hechos ocurridos en ambos hospitales y que se brinde a la Defensoría un informe detallado sobre el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el contexto actual.
A su vez, en el marco de las denuncias recibidas por la falta de insumos necesarios en los hospitales públicos para que el personal de salud pueda atender a las personas infectadas, le reclamó que comunique de manera precisa el material con el que cuenta actualmente el sistema sanitario de la Ciudad para hacer frente a la pandemia, cómo se distribuye entre los hospitales y cuál es el área que tiene la responsabilidad de controlar y evaluar dicha tarea.
“Esta situación reviste extrema gravedad debido al grado de contagio del virus, bastamente conocido a raíz de la situación epidemiológica mundial”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
