En el año 2016 se dispuso la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal, así como el cuerpo especial de seguridad y vigilancia.
Es por ello que el Centro de Atención de Niñez Adolescencia y Genero de la Defensoría del Pueblo, a caro de María Elena Naddeo, solicitó informes al área competente del Gobierno de la Ciudad , el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de conocer el estado de situación actual de los dispositivos penales juveniles, el modo en que se reestructuró la organización interna de ese organismo a fin de acoger a los nuevos servicios, la cantidad de adolescentes alojados/as en los mismos y del personal integrante de los distintos programas y servicios así como otras requisitorias específicas. Ante la falta de respuesta, nuevamente se envió un pedido de informes.
Asimismo, se ha efectuado el seguimiento de distintos casos particulares que involucraban a adolescentes en conflicto con la ley penal, llevando a cabo el relevamiento de algunos de estos dispositivos.
En este marco se reitera la necesidad de que se amplíen las políticas públicas de inclusión que garanticen los derechos de los chicos y las chicas que se encuentran en extremo grado de vulnerabilidad.
Foto: La Nación
