El Programa de Atención a la Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo presentó un pedido de informes a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de esta Ciudad, a fin de que explique cuáles son los fundamentos, objetivos y propuesta teórica que avala la aplicación de test estandarizados a población infantil que asiste a los Centros de Primera Infancia (CPIs) de la Ciudad, población cuya franja etaria se extiende desde los 45 días a los 4 años de edad.
“Desde ese Programa consideramos dichas prácticas como fundantes de etiquetas patologizantes que afectan a niños, niñas y a sus familias, y al vínculo entre ambos “sostienen las profesionales que recibieron la documentación.
Diversas organizaciones como el Forum Infancias y otras consideran que estas mediciones – cuyo carácter “importado” redunda en la descontextualización de la infancia local. – desatienden las especificidades y complejidades de grupos poblaciones caracterizados por la vulnerabilidad extrema
Otro punto de gravedad lo constituye el hecho de que las familias, en el mismo formulario que aceptan la vacante para que el niño/a acceda a un CPI, deben brindan su consentimiento para que se les administren estas pruebas (ASQ-3 y el CHAT-M) constituyendo esto una estrategia de manipulación anclada en el desconocimiento y la necesidad de las familias.
Por lo expuesto desde el Programa de Niñez Adolescencia y Genero de la Defensoría del Pueblo cuestionamos la iniciativa y solicitamos a las respectivas autoridades informes sobre una política pública que profundiza los circuitos de segregación y estigmatización social.
