Este decreto dispuso la transferencia de las competencias relativas a la atención de los niños, niñas y adolescentes con problemáticas de salud mental y discapacidad a la órbita de la Dirección General de Salud Mental.
En este sentido, se solicitó informar el estado de todos los dispositivos involucrados, como franja etaria y género que cubre cada sede, cantidad de niños/as y/o adolescentes alojados/as, capacidad máxima de albergue y acerca de las problemáticas más relevantes detectadas en la efectivización de los derechos de la población alojada.
Asimismo, se indagó al respecto de las acciones ejecutadas y protocolos elaborados para evitar la transmisión del virus del Covid-19.
