En los documentos, el organismo le solicita las empresas subsidiarias de energía que brinden la siguiente información en un plazo máximo de diez días:
A) Cantidad total de usuarios de esa empresa distribuidora afectados, distinguiendo entre usuarios de CABA y usuarios de Gran Buenos Aires, por los cortes de suministro registrados entre el 27 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022.
B) Detalle, por cada barrio, de las fallas técnicas registradas -tanto en subestaciones como en cámaras transformadores- entre el 27 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022. Asimismo, informar cuáles fueron las tareas realizadas por el personal técnico para atender y restituir el servicio en cada caso; y qué motivó las demoras en la intervención, los plazos establecidos para la atención de cada reclamos (cuales revisten atención prioritaria), tareas realizadas (cambios de cableado, cambios de fases, recambio de fusibles, etc…), proyección de durabilidad de los trabajos realizados.
C) Detalle del plan de acción con medidas preventivas a fin de evitar futuros cortes de suministro durante los meses que restan de verano, cuando la temperatura ascienda considerablemente.
D) Qué obras de mejora y/o ampliación en la red eléctrica se han ejecutado, en particular, a los barrios de Almagro, Boedo, Caballito, Flores, Paternal, San Telmo, Villa Crespo, Villa Lugano y Villa Soldati, -toda vez que estos barrios padecen de forma regular fallas en el suministro- y, en general, en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Caso contrario, que medidas se adoptan y adoptarán a fin de evitar tal situación.
E) Detalle de la cantidad de usuarios electrodependientes existentes a la fecha. Así como también si el total de los usuarios ingresados al Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud cuentan con una fuente alternativa de energía (FAE); caso contrario, si se ha informado a cada uno de esos usuarios el procedimiento a seguir a fin de solicitar dichas fuentes.
F) Información acerca de el modo en que se repararán los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios que sufren y sufrieron interrupciones del servicio en las últimas semanas
Cabe mencionar que, además de los prolongados cortes en el suministro sufridos en las últimas semanas, los cuales generaron daños materiales, pérdida de alimentos y medicamentos que no se pudieron mantener refrigerados y la consecuente afectación a la provisión de agua, desde esta Defensoría del Pueblo se registra una multiplicación exponencial de casos en que usuarios de servicios públicos esenciales, aún siendo beneficiarios de tarifas sociales, permanecen en situación de vulnerabilidad social, con serias dificultades y hasta plena imposibilidad de afrontar el pago de las facturas, con montos excesivamente elevados en consumos razonables en hogares.
Desde nuestra institución reafirmamos, una vez más, que las empresas prestatarias deben cumplir, observar y respetar los derechos fundamentales de los usuarios, reconocidos expresamente en nuestra constitución nacional, referidos a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, y a que las autoridades públicas velen por la calidad y eficiencia de los servicios públicos
Asimismo, y frente al aumento de la pobreza energética en nuestro país, consideramos que el Estado debe asumir el compromiso de adoptar acciones positivas que impliquen -además de no retroceder- extender el acceso a las fuentes de energía, toda vez que su exclusión impacte de modo negativo en la calidad de vida de las personas.
