En el requerimiento se indica que dicha recomposición sea acompañada de una política pública que garantice su protección como sujetos de derechos y el acceso a un haber previsional suficiente, asegurador de la vida digna y el trato equitativo que merecen aquellos que trabajaron toda una vida para obtener su beneficio jubilatorio.
En este sentido, la demanda busca contrarrestar los efectos que la crisis económica genera en la calidad de vida de los adultos mayores.
A diciembre de 2018, con el último aumento del año del 7,78% conforme la aplicación de la Ley de Movilidad, los jubilados y pensionados recibirán un incremento en sus haberes del 28,5%, la jubilación mínima será de $9.308,96 y una jubilación promedio de $12.400. Sin embargo, se estima una inflación del 42%, situación que generará una pérdida de poder adquisitivo del 13,5%.
La nueva fórmula de movilidad que contempla en un 70% la variación de la inflación y en un 30% la evolución de los salarios según el índice Ripte, tenía por objetivo evitar la pérdida de poder adquisitivo frente a la suba de precios, pero su aplicación y el desfasaje entre el período utilizado para realizar el cálculo y la fecha de actualización de haberes, consolidó el efecto contrario, con lo que resulta sencillo dilucidar que los jubilados y pensionados no llegan a cubrir sus necesidades básicas.
Por ello, se espera que las autoridades involucradas sepan comprender una necesidad tan evidente y tomen a la brevedad acciones para compensar el desfasaje económico.
