La asociación que reúne a los Defensores del Pueblo de todo el país cuestiona la ralentización del servicio de justicia, lo cual deriva en inconvenientes en la prestación del servicio de justicia y perjuicio a los profesionales del sector.
Esta situación perjudica a la sociedad, que ve muy perjudicado su derecho a la tutela judicial efectiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que, cuando este derecho se ve afectado, se constituye en un obstáculo importante para la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.
ADPRA considera que la garantía de los derechos y el rol de protección del Estado deben estar acompañados de medidas destinadas al funcionamiento pleno (con dispositivos de atención presencial y no presencial) y al fortalecimiento de las prestaciones del servicio de justicia, para su ejercicio eficaz y eficiente en el contexto actual.
