Las audiencias fueron convocadas en virtud de la acción de Habeas Corpus colectivo interpuesto por el Defensor General de la Ciudad Horacio Corti y la Defensora General Adjunta, Marcela Millán, en relación a las condiciones de detención de las personas que se hallan a disposición de tribunales locales a partir de los procedimientos de flagrancia.
Cabe destacar que el Comité de Prevención de la Tortura Local en pleno funcionamiento en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la CABA y la Procuración Penitenciaria Nacional se presentaron como “amicus curiae” del tribunal a los fines de que aportar su experiencia a la causa mencionada mediante la labor que vienen ejecutando en la materia.
Cabe destacar que sobre la cuestión el Comité Local de Prevención de la Tortura se ha expedido a través de la Recomendación 1/2020, donde expresó que las alcaidías de la Policía de la Ciudad son establecimientos creados para un alojamiento de carácter transitorio y por tanto no cumplen con los requisitos necesarios para el tipo de alojamiento prolongado que implica una prisión preventiva. En el mismo sentido, ha emitido un informe de seguimiento en el que da cuenta de la situación actual saturación de las alcaidías y el consecuente alojo de las personas detenidas cotidianamente en el ámbito de la Ciudad en las comisarías de la Policía local, lugares en desuso para ese fin desde la creación del sistema de alcaidías. Ambos documentos fueron aportados a la causa a los fines de que sean tomados en cuenta por la jueza al momento de decidir sobre la situación que afecta a las personas detenidas.
En las audiencias mencionadas participaron representantes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Departamento de Alcaidías Central y Traslados de Detenidos, como así también del Servicio Penitenciario Federal representado por la Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación e Interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós.
El Ministerio Público de la Defensa, en tanto impulsor de la acción en cuestión, peticionó que se dispongan de las medidas para que se garanticen las adecuadas condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en casos de flagrancia, y desestimó la posibilidad de alojamiento en las comisarías interventoras.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad y del Departamento de Alcaidías Central dieron cuenta de la situación actual en las alcaidías/comisarías y plantearon la necesidad de agilizar el proceso de traslados de las dependencias locales hacia los complejos penitenciarios federales . Desde el SPF se hizo hincapié sobre las dificultades para garantizar los cupos requeridos por la Ciudad en virtud de la situación que atraviesa en sus complejos en el marco de la pandemia.
El Comité Local reafirmó su postura de que la situación en las Comisarias y Alcaidías de la Ciudad es crítica, lo que trae aparejado un creciente riesgo para la población alojada como para el personal policial que allí desempeña sus funciones. Asimismo, enfatizó sobre la necesidad de cesar con el alojamiento de personas detenidas en las comisarías de la Policía de la Ciudad debido a la grave vulneración que ello implica para las personas captadas por el sistema penal.
Cabe destacar que todas las partes se encuentran aunando esfuerzos a los fines de arribar a una pronto solución de la problemática planteada.
