Bandera Argentina

Para prevenir el contagio de COVID-19 en los hogares de niños, niñas y adolescentes de la Ciudad

En distintas visitas a hogares y paradores a cargo del Defensor del Pueblo Alejandro Amor y del equipo de Salud de la Defensoría y a través de diversos informes del Programa de Atención de Niñez, Adolescencia y Género de la institución se planteó la necesidad de adoptar de manera urgente todos los cuidados necesarios para evitar que ocurra.

En los informes enviados se había solicitado al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y, particularmente, a la Dirección General de Niñez y Adolescencia a cargo de Carolina Díaz, el testeo de todos los niños niñas y adolescentes albergados, así como al personal comprometido en la tarea. 

Los y las trabajadoras de la infancia agrupados en distintos gremios hicieron llegar a la Defensoría numerosos pedidos de intervención lo que redundo en la realización de los hisopados solicitados y la provisión de equipamiento de protección personal.  Estas acciones tuvieron lugar la semana del 15 de junio, y los testeos efectuados arrojaron una cantidad importante de casos positivos, por lo cual se deben tomar las medidas urgentes para el aislamiento de rigor, así como la capacitación y  asignación de refuerzos y reemplazo del personal afectado por la pandemia.

Cabe destacar que desde el mes de abril el Defensor y el equipo de salud del organismo ha recorrido diversos hogares tales como el Hogar Félix Lora, donde se realizó el pedido de los insumos faltantes y de la vacunación para quienes allí trabajan; el Hogar Eva Duarte, donde se alojan mujeres con niños y niñas pequeños; el Hogar «Vallecito», donde se acompañó el proceso de realización de hisopados; el parador de Mujeres Azucena Villaflor, donde también se alojan niños y niñas; y el Centro Integral para la Niñez y la Adolescencia.  

Los niños, niñas y adolescentes albergados en hogares convivenciales están bajo estricta responsabilidad del Estado, que debe destinar los recursos necesarios para protegerlos, pues la Constitución local y la Convención de los Derechos del Niño establecen claramente que constituyen una prioridad en las políticas publicas.