La recomendación fue firmada por el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien exhortó al presidente del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Mauricio Rotiman, a:
-Reconsiderar la modalidad del cálculo de la Tarifa Social para el servicio público de gas, con el objetivo de garantizarles el acceso a los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes se encuentran protegidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
-Considerar la reducción y/o eliminación del cargo fijo para usuarios poseedores de ese beneficio.
-Disponer las medidas necesarias para que la información sea entregada de forma correcta, clara y veraz a los beneficiarios, quienes necesitan de esa herramienta para accionar de la mejor manera en la defensa de sus intereses.
La petición fue elevada al ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren. En el texto del documento también se argumenta que siendo el gas un servicio público esencial su prestación debe estar asegurada, ya que se considera vital e indispensable para el conjunto de los ciudadanos.
