El pasado lunes 19 de septiembre, personal de la Subsecretaría de Derechos Sociales de la Defensoría se acercó al inmueble ubicado en la calle Pichincha 191 para acompañar a los vecinos que habitaban allí, sujeto a un desalojo dispuesto por la el juzgado 17 en lo Penal, Contravencional y de Faltas, a cargo del juez Norberto Tavosnanska. En el lugar vivían nueve grupos familiares, entre los que había más de diez menores, dos de ellos discapacitados.
Además, asistió personal del Programa de Atención a Familias en Situación de Calle dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, de la Asesoría General Tutelar, de la Defensoría General de la Ciudad, un abogado en representación de una familia del inmueble y diversas organizaciones sociales. El dispositivo estuvo a cargo de un integrante del Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad, acompañado por la Policía Metropolitana.
Los funcionarios de la Defensoría pudieron constatar que no estaban dadas las condiciones para que el desalojo se lleve a cabo, ya que las familias no habían sido notificadas de la medida y no tenían donde ir, razón por la cual se pidió ante el juez y la fiscal interviniente, Dra. Barcia, el aplazamiento de la medida. En horas de la tarde del día lunes, se informó que la medida se suspendía por 48 horas y que el miércoles se llevaría a cabo el desalojo.
Entre el día martes 20 y miércoles 21 se continuó trabajando con los vecinos y las autoridades de la Ciudad en una salida a los grupos familiares que no afectara su derecho a la vivienda. Personal de la Dirección de Asistencia Técnica en Arquitectura y Urbanismo de la Defensoría se presentó en el lugar para relevar las condiciones de habitabilidad del inmueble, y se confeccionó un informe que fue presentado al Juez de la causa.
El miércoles 21 tampoco se pudo hacer efectiva la medida, debido a que, más allá de la insistencia del juez y la fiscal, no se encontraron alternativas habitacionales para las familias que habitaban el inmueble. Ese día, también estuvieron presentes los diputados de la Ciudad Paula Penacca y José Campagnoli.
Luego, el día viernes 23 por la mañana, el juez de la causa comunicó que después de que se dispusiera que la administración de la Ciudad debería hacerse cargo del pago de hoteles a las familias hasta que se les otorgue un crédito para la vivienda, y habiendo el ejecutivo local aceptado los términos del fallo y coordinado con la fiscalía la implementación del mismo, ese día se llevaría adelante la medida. Para asegurar la habitabilidad de los lugares, se realizó un recorrido con los grupos familiares por los hoteles dispuestos por la fiscalía acompañados por personal de la Dirección de Promoción Social y del Programa de Descentralización de la Defensoría del Pueblo -a cargo de Ignacio Domínguez y Natalia Santarelli, respectivamente-, de la Asesoría General Tutelar y de la Defensoría General de la Ciudad. En ese recorrido se pudo verificar que, si bien las habitaciones eran pequeñas, estaban en condiciones para recibir a las familias ante el inminente desalojo.
El desalojo comenzó pasado el mediodía con el traslado de los residentes y sus pertenencias a los diferentes sitios dispuestos por la fiscalía. Se produjo con normalidad y en todo momento se acompañó a los vecinos en las situaciones particulares que se fueron sucediendo. Se les ofreció contención y se les facilitó la intervención a los organismos públicos correspondientes. El operativo concluyó a la medianoche sin que ningún vecino quede en situación de calle.
