A cargo de las palabras inaugurales, Norberto Darcy, titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Ciudadanos de Consumidores y Usuarios del organismo, indicó que el objetivo es “constituir un espacio de encuentro para los actores que tengan que ver con la defensa del consumidor”. En este sentido, aseguró que contribuye a la educación para el consumo. “Los derechos del consumidor tienen estrecha vinculación con la satisfacción de los derechos humanos. La jornada es una forma de reafirmar el compromiso de la Defensoría con la protección de derechos”, cerró.
El Defensor del Pueblo Adjunto Arturo Pozzali sostuvo que “estos derechos son derechos humanos, fundamentales para el quehacer cotidiano. Esta casa debe estar siempre a la vanguardia del debate, en la promoción y defensa de estos derechos, que van mutando”.
Luego, Vilma Bouza, directora de Defensa y Protección al Consumidor del gobierno porteño, afirmó: «Fallan los mecanismos para hacer valer nuestros derechos. El desafío de los gobiernos y las autoridades de aplicación es implementar mecanismos ágiles y eficientes que respondan en tiempo y forma al consumidor”.
A continuación, Carlos Tambussi, secretario del Juzgado CAYT Nº18, expuso sobre el proceso de elaboración del anteproyecto de reforma integral de Ley de Defensa del Consumidor, impulsado por Justicia 2020 y redactado por una comisión multidisciplinaria y federal.
El primer panel de la jornada abordó el panorama actual de los servicios públicos, con la participación de Ana Carolina Herrero, defensora del usuario del Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS); Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes; María Eugenia Juárez, asesora legal del Ente Regulador de Electricidad (ENRE); Claudio Boada, director de la Union de Consumidores y usuarios; y Diego Mielnicki, coordinador operativo de Servicios Públicos de la casa.
En el segundo panel se hizo referencia a los institutos especiales existentes que se dedican a tratar los perjuicios al consumidor. Belén Donzelli, funcionaria de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires y docente universitaria, expuso sobre el alcance del daño directo y su consideración en la jurisprudencia porteña; mientras que Walter Krieger, doctor en Derecho, miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y docente universitario, se refirió a los daños punitivos en la Ley de Defensa del Competencia y en el Anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor.
En tercer lugar se llevó a cabo un panel sobre “Defensorías especializadas como mecanismos alternativos de protección”, donde participaron Mercedes Portela, coordinadora de vinculación con las Defensorías del Pueblo y Asociaciones de Usuarios de la Defensoría del Usuario de Servicios de Salud de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación; Oscar Bermejo, asesor jurídico de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor –quien explicó la figura del Defensor del Cliente en el ámbito de los proveedores de bienes y servicios-; Jorge Maiorano, ex defensor del Pueblo de la Nación y desde hace once años Defensor del Asegurado de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (primer ombudsman privado corporativo); y Norberto Darcy, que en esta oportunidad disertó acerca de la creación de la Defensoría Adjunta de la Competencia y los Consumidores en la nueva ley de Defensa de la Competencia.
Durante el último panel del evento se exhibieron diferentes informes sobre los principales servicios destinados a los consumidores. El coordinador Operativo de Consumidores y Administrados de la Defensoría, Gerardo Gullelmotti, describió los resultados del relevamiento efectuado sobre los precios y productos del programa Precios Cuidados en las grandes cadenas de supermercados de todas las comunas de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el coordinador Operativo de Transporte y Telecomunicaciones del organismo, Federico Conditi, habló sobre la política tarifaria en el transporte público y el posible cambio de paradigma. Durante su presentación, mostró una serie de cuadros informativos y comparativos sobre incremento de tarifas, la evolución de los costos en cuanto a la inflación, el aumento en la demanda de la Tarifa Social y las falencias en el servicio de colectivos y subtes. Asimismo, Conditi detalló las propuestas realizadas por la Defensoría, entre la que se destaca la de la integración tarifaria. Para concluir, remarcó la importancia de considerar al transporte como un derecho social fundamental.
Antes de la finalización de la jornada y en cuanto a los créditos al consumo y las incidencias de los cambios en la política monetaria sobre los costos financieros de tarjetas de crédito y préstamos personales, Mara Salomón, del Programa de Estudios Tributarios e Impositivos para la Administración Pública de la Defensoría, puntualizó los datos más relevantes. En este sentido, mencionó la elevación de la tasa de la política monetaria del 45% al 60% -desde agosto del año pasado hasta la fecha- y las diferencias entre la banca pública y la privada en la tasa anual y los gastos asociados (costo financiero total). Asimismo, mostró los cuadros de referencia en relación al tipo de cambio nominal ($ / U$S) y la zona de no intervención del Banco Central de la República Argentina.
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