«Las leyes vigentes disponen que el Estado debe facilitar el acceso a la educación, la información y a los servicios de salud para que adolescentes y jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, y también puedan ejercer su derecho a expresar libremente su sexualidad, su orientación sexual e identidad de género», sostuvo Livia Ritondo, titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Sociales. «La falta de información sobre estos temas aumenta el riesgo de exposición a infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA, a embarazos no previstos; como así también, a padecer y convivir silenciosamente con situaciones de violencia. El embarazo en la adolescencia y la ocurrencia de ITS y VIH/SIDA en esta población evidencian que el uso de métodos anticonceptivos y de preservativos sigue siendo problemático. La maternidad y/o paternidad en esta etapa puede complejizar la continuidad de la escolarización o sumarse a las causas de abandono escolar, generando dificultades para la futura inserción laboral y el desarrollo de un proyecto personal y/o profesional de esos/as jóvenes».
«Con la excepción de algunas situaciones específicas, por el momento, en nuestro país, la interrupción voluntaria y libre del embarazo no está autorizada. Esto y la alta frecuencia de embarazos no previstos se traduce en que muchas mujeres de distintas edades recurran a prácticas de aborto inseguras, poniendo en riesgo su salud y en peligro su vida», describió Ritondo. «Las estadísticas sobre internaciones hospitalarias por complicaciones por aborto registran una alta proporción de mujeres menores de 20 años. También se ven expuestos/as a diversas situaciones de violencia: abuso sexual y violencia de género. Es necesario visibilizar y hacer prevención sobre los noviazgos violentos. Esta guía está especialmente dirigida a adolescentes y jóvenes, para que conozcan y ejerzan los derechos que hacen a una vida sexual plena, saludable y placentera según la propia orientación sexual e identidad de género, sin discriminación, sin riesgos para la salud y sin violencia».
«A nivel nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la normativa garantiza el derecho de los/as adolescentes y jóvenes a acceder al sistema de salud de forma autónoma, a recibir educación sexual integral en las escuelas, y a permanecer dentro del sistema educativo si están embarazadas o han sido madre o padre. Sin embargo, la efectivización de estos derechos requiere de políticas públicas activas que les aseguren el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, y que al mismo tiempo comprometan la participación de los/as trabajadores/as del ámbito de la salud y de la educación en esta tarea», subrayó el Defensor del Pueblo Alejandro Amor.
«De esta forma, adolescentes y jóvenes verán facilitado el acceso a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con progresividad, de acuerdo a su madurez, capacidad y competencia. Estadísticas oficiales revelan que en la zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Comuna 8) se registra la mayor cantidad de embarazos en adolescentes. El contraste entre estos datos de la zona Sur y los de la zona Norte de la Ciudad pone en evidencia la necesidad de políticas públicas focalizadas sobre las/os más vulnerables para garantizar un acceso igualitario a derechos», remarcó Amor. «Con esta guía de derechos, la Defensoría del Pueblo de la CABA espera realizar su aporte en el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, poniendo a su disposición, así como a la de los/as adultos/as que los/as acompañan en su desarrollo, una herramienta que explicita estos derechos para que puedan conocerlos y ejercerlos y, ante su incumplimiento o vulneración, que también los/as informe sobre cómo y dónde reclamarlos».
