La medida prorrogó hasta el 1 de diciembre el tiempo otorgado para que se cumpla el efectivo desalojo de las personas detenidas en cualquier situación que se encuentren aún en comisarías de la Ciudad. Por otra parte, dispuso que en las alcaidías se evite la permanencia de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva, tal como ocurría antes de la emergencia sanitaria.
En el mismo acto, Cavaliere aprobó el cronograma de ingresos semanales para las unidades del Servicio Penitenciario Federal, e instó a sus autoridades y a la Secretaría de Justicia y Seguridad del GCBA a que continúen trabajando en pos de articular el cumplimiento de esta medida y coordinando esfuerzos para que los cupos que se otorguen sean compatibles con las personas detenidas en las dependencias de la Policía de la Ciudad.
Cabe destacar que desde el comienzo de la pandemia, el Comité de Prevención de la Tortura Local, que funciona en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, señaló en reiteradas ocasiones que las alcaidías de la Policía de la Ciudad no cuentan con las condiciones materiales y humanas para sostener estadías prolongadas.
Por otra parte, se advirtió que muchas de las personas alojadas en estos dispositivos se encuentran allí con medidas privativas de la libertad, prisiones preventivas o condenas. En consecuencia, a estas personas les caben derechos que son ajenos a la misión y función de las alcaidías.
Asimismo, se señaló que la saturación de las alcaidías desencadenó la utilización de comisarías vecinales y comunales para el alojamiento de las personas detenidas en flagrancia. Esto redunda en un retroceso del sistema de seguridad de la Ciudad e implica una grave vulneración de los derechos de las personas aprehendidas.
Actualmente la situación de comisarías y alcaidías es crítica. Se trata de dispositivos que se encuentran saturados y que alojan a personas por periodos prolongados, situación que se vio agravada en el contexto de pandemia.
Por todo esto, el Comité de Prevención de la Tortura Local, en su carácter de amicus curiae en el marco de la causa de Habeas Corpus, reafirma la necesidad de avanzar en el cronograma de desalojo de comisarías a fin de salvaguardar los derechos de las personas captadas por el sistema penal en el ámbito de la Ciudad.
