Alejandro Amor sumó su adhesión a la convocatoria lanzada por un grupo de periodistas, escritoras, activistas y feministas comprometidas con la temática de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y participará junto a los trabajadores de la institución de la movilización para reclamar por los femicidios que vienen sacudiendo al país en los últimos meses.
“Como institución de defensa de los derechos humanos de los y las habitantes de la Ciudad, ponemos a disposición sus recursos y oficinas especializadas en las diversas temáticas para orientar y acompañar a quienes sufren y atraviesan estas situaciones en sus distintos aspectos. Como organismo de control de las políticas públicas en la CABA, reclamamos a los poderes del Estado la ampliación y fortalecimiento de los servicios de atención integral, en particular la apertura de nuevos servicios de patrocinio jurídico gratuito, tema esencial en la protección de las víctimas”, subrayó.
Amor también recordó que en 2015 presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que la Ciudad incorpore en sus políticas y programas instrumentos para prevenir y enfrentar la violencia de género, en sintonía con el petitorio elaborado por el colectivo de periodistas, artistas y activistas #NiUnaMenos.
La iniciativa propicia que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorpore en sus políticas y programas:
-La ley de educación sexual integral, en todos los niveles, en las escuelas públicas y privadas de esta jurisdicción, incorporando personal especializado en las mismas.
-El patrocinio jurídico gratuito en todas las comunas de la Ciudad, tanto en materia civil como penal, para las mujeres víctimas de violencia machista.
-La creación de nuevos centros integrales de la mujer, refugios y subsidios de tipo económico para las mujeres víctimas y sus hijos e hijas.
-La puesta en marcha a cargo del Estado y con presupuesto adecuado, de una Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos contra la integridad sexual, explotación y trata.
-La implementación del monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la justicia.
