La cuenca es una de las regiones ambiental y socialmente más degradadas de nuestro país y una de las diez más contaminadas del planeta. Habitan en ella unos 5 millones de personas y alberga más de 10 mil establecimientos industriales.
En el recorrido se observó el avance de las tareas de relocalización de los habitantes que ocupaban el camino de sirga y de reconstrucción del espacio público asociado al mismo, quedando aún tareas por resolver y familias por relocalizar. Asimismo, desde el punto de vista ambiental se observó con preocupación el estado del cauce de agua, el cual aún se encuentra con muchos residuos en superficie, basurales a cielo abierto y olores nauseabundos, quedando en evidencia las tareas pendientes indicadas por la CSJN en la sentencia mencionada.
Al mismo asistieron el Defensor del Pueblo adjunto Arturo Pozzali; la titular de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la institución; Bárbara Rossen; el titular del Programa de Seguimiento de Gestión de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Fernando Fimognare; y el coordinador operativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Hernán Invernizzi, que fueron recibidos por el subgerente de Higiene Urbana en Cuencas Hídricas del Gobierno de la Ciudad, Javier García Elorrio.
En su rol de proteger y garantizar derechos, la Defensoría alerta una vez más que donde existe mayor degradación ambiental habitan los grupos sociales más vulnerables, situación que implica para este organismo un compromiso permanente.
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