Según la encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes (EANNA) de 2017, uno de cada 10 niñas y niños en la Argentina realiza al menos una actividad productiva. Asimismo, 3 de cada 10 adolescentes realizan al menos una actividad productiva.
Argentina ha legislado de conformidad al derecho internacional contra la prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente a través de la ley nacional 26061 de 2005 y, en el ámbito local, de la ley 114 (1999). La Ley 26390 (2008) de Prohibición del TI y Protección del Trabajo Adolescente elevó a la edad mínima de ingreso al trabajo a los 16 años.
El trabajo infantil es una problemática social compleja, determinada por la combinación de múltiples factores de orden económicos (pobreza, informalidad laboral de sus progenitores), legales (incumplimiento normativo, falta de políticas públicas), vinculados a la educación (falta de vacantes, inasistencia, repitencia, abandono) y culturales (discursos que justifican el trabajo infantil).
Al mismo tiempo, tiene consecuencias negativas en la vida de los niños y niñas porque afecta su desarrollo físico, psicoemocional y social, así como sus trayectorias educativas (ausencias, bajo rendimiento, repitencia, sobreedad y abandono). Por otro lado, el trabajo infantil expone a los niños y niñas a diversas situaciones de peligro y vulnerabilidad frente a las cuales se presentan indefensos y carentes de herramientas para enfrentarlas, en congruencia con su temprana etapa evolutiva.
Los niños y niñas que realizan trabajo infantil no disponen del tiempo y energías necesarias para las tareas escolares, el juego -actividad principal de la infancia- y el descanso. El lugar de los niños y niñas es la escuela, las plazas y el club del barrio.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad ratificamos el compromiso y la tarea profesional destinada a lograr el pleno acceso de niños y niñas al conjunto de sus derechos, y en especial en la erradicación del trabajo infantil.
