El vecino se presentó ante la Defensoría del Pueblo para manifestar que a pesar de haber cancelado la deuda de ABL, que fue ejecutada judicialmente y cancelada en el 2007, aún figuraba como deudor en el sistema de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP).
Desde la Adjuntía de González, se inició la actuación respectiva, se remitió el oficio pertinente al organismo y se efectuaron las gestiones telefónicas con los referentes de la Unidad de Enlace entre la AGIP y la Defensoría. Asimismo, se envió una intimación al mandatario actuante en el expediente judicial y se presentaron los documentos de cancelación correspondientes. Finalmente, la AGIP emitió en el mes de septiembre el certificado de Libre Deuda sobre el impuesto de ABL por las deudas de los años 1990, 1992 y 1993. Con relación al año 1990, se notificó que la supuesta deuda ya estaba prescripta, por lo que no existe posibilidad de reclamación alguna.
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