Comunicado realizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dirigido al Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La problemática de las personas en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la expresión más dramática del déficit habitacional y la muestra clara de la necesidad de políticas públicas adecuadas que tengan por objeto que ningún habitante de la Ciudad tenga que vivir en la calle.
En ese sentido, cabe recordar que, como fuera expuesto en el fallo de los autos caratulados “Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, una persona que no tiene un lugar donde instalarse para pasar sus días y sus noches y debe deambular por las calles no sólo carece de una vivienda, sino que también ve afectadas su dignidad, su integridad y su salud, a punto tal que no está en condiciones de crear y desarrollar un proyecto de vida, tal como lo hace el resto de los habitantes
En ese sentido, los organismos firmantes recibimos con beneplácito en diciembre del 2020 el acuerdo al que se arribó para conformar una mesa de trabajo integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad, para desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual dispuesto por la ley 3706 y para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle.
De esa manera, trabajamos durante todo este año con los demás integrantes del espacio en la búsqueda de acuerdos que permitieran alcanzar los objetivos propuestos, incorporando modificaciones en metodología y diseño del relevamiento a llevar a cabo. Postura que refrendamos una vez más, ya que entendemos que es en la Mesa de Trabajo conformada donde se pueden y deben resolver los puntos que a la fecha continúan sin tener consenso. Por el contrario, disponer de forma unilateral la metodología, contenido de los cuestionarios y fecha de realización del censo implica desaprovechar la oportunidad de contar con información precisa y cualitativa que siente las bases para el diseño de políticas habitacionales superadoras y que eleven el umbral de derechos de todos los porteños.
Cabe agregar que la Defensoría del Pueblo, que ha sido veedora en otros censos, ve con preocupación que se disponga en este contexto de pandemia que cuatro o más personas que trabajan en distintos organismos, compartan un vehículo durante ocho horas, lo que implica una exposición al riesgo de contagio de Covid-19 de los trabajadores, resultando violatorio de los protocolos sanitarios bajo los cuales los órganos del Estado debemos enmarcar nuestro accionar.
Sin perjuicio de todo lo expresado, volvemos a efectuar un llamado a la recomposición de los espacios de diálogo y trabajo conjunto a fin de arribar al consenso que se puso como objetivo en diciembre de 2020.
