Este procedimiento fue dispuesto por el juez Sergio Torres en el marco de la Causa Matanza- Riachuelo, y estuvo a cargo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC).
La acción dispuesta desde esta Defensoría del Pueblo apuntó a resguardar los derechos de los grupos familiares afectados. La relocalización se realizó sin mayores inconvenientes.
El 26 de noviembre, personal de las Direcciones de Vivienda y Hábitat y de Asistencia Técnica y Urbanismo de la institución realizó un relevamiento de las viviendas que serán demolidas, con el propósito de diagnosticar la afectación de viviendas lindantes que permanecerán y constatar el estado de cañerías y cableados.
Además de brindar acompañamiento a los vecinos en todo el proceso de relocalización, el 2 de diciembre a última hora se realizó un relevamiento de cada una de las 60 unidades entregadas para chequear, junto con los vecinos, las dificultades que presentaban, en relación a sus conexiones, funcionalidad y estado. En diez días se prevé iniciar otra verificación en cada una de las 60 unidades para dar cuenta del estado de las mismas habiendo transcurrido un tiempo después de relocalizadas las familias.
Las familias se encuentran estimuladas por la expectativa de su nueva vivienda, a la vez que movilizadas por la nueva situación familiar, social y urbana.
El acompañamiento realizado involucró diversas acciones e iniciativas, orientadas a lograr un buen proceso en sus distintas dimensiones: física, sanitaria, social y cultural. Esto es, un dispositivo múltiple, integral y estratégico.
En este caso, se trabajó de forma complementaria con los Ministerios Públicos de la Defensa de la Nación y de la CABA, cuyas observaciones se reunirán en un documento con las recomendaciones necesarias para garantizar la vivienda digna y el hábitat digno de estas 60 familias, junto a las 540 ya residentes en el barrio como así también las 180 familias que aún faltan relocalizar hasta completar el Conjunto Habitacional Barrio Mugica.
Este trabajo interinstitucional entre la Defensoria del Pueblo, ACUMAR, ambos Ministerios Públicos de la Defensa, y su articulación con las acciones del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, la Subsecretaría Obras Pública de la Nación y la Empresa a cargo de las Obras demuestra que no solo es necesario, sino que es posible, aunar esfuerzos para dar respuestas complejas a problemas complejos.
Para destacar
- Se trabajó en el territorio de la Villa 21-24 con el fin de observar y proponer acciones, atento a la situación del predio y de las viviendas lindantes post-demolición de las viviendas que dejaron las familias relocalizadas.
- Se previeron acciones para garantizar la continuidad de la atención sanitaria de las familias en la nueva localización.
- Se acompañó a las familias en la llegada al Barrio Mugica en los tres días que se realizó la relocalización.
- Se continuará trabajando en el conjunto a fin de lograr una “habitabilidad” satisfactoria de las familias en las nuevas viviendas, su integración social y la buena convivencia en el barrio.
