De esta manera, la Fundación tendrá a su cargo la atención y promoción de la salud y asistencia social de los beneficiarios.
La norma señala que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados posee facultades para su creación, conforme el artículo 1 de la ley 19.032, que permite delegar el ejercicio de las actividades prestacionales en terceros prestadores, efectores y redes. Por otra parte, argumenta que el artículo 6 de esa ley autoriza al INSSJP a constituir un ente con personería jurídica propia, resultado de las potestades implícitas comprendidas dentro de la facultad de celebrar toda clase de contratos.
Asimismo, se indica que las prestaciones sanitarias y sociales que brinde la Fundación estarán sometidas a la conducción, planificación, evaluación y control indelegables del INSSJP.
En cuanto al control, si bien la Inspección General de Justicia actúa como contralor de las fundaciones, se prevé la creación de un órgano de fiscalización que será designado por el Fundador, previa propuesta de la Sindicatura General del INSSJP.
En virtud de lo expuesto, la Adjuntía de María América González solicitó a las autoridades de Pami una reunión para tomar conocimiento sobre los motivos que llevaron a la creación de la Fundación y a requerir un informe acerca del procedimiento y mecanismos a emplear.
Así, el pasado 6 de octubre, se llevó a cabo un encuentro entre la Directora de Trabajo y Previsión de la Adjuntía de María América González, Carolina Rego; el Subdirector de Obras Sociales, Pami y Anses de la Defensoría, Pablo Mazzoli; y en representación de Pami, Ricardo de los Santos.
Durante la reunión, se explicó que la creación de la Fundación tiene como único objetivo poner en funcionamiento el Sanatorio ex EMHSA de Mar del Plata, ahora llamado Hospital Dr. Bernardo A. Houssay, brindar atención médica a los afiliados y solucionar de esta manera la urgencia prestacional que atraviesa la zona.
La expropiación del sanatorio fue dispuesta por la ley 27.169 en 2015 y por el decreto 527/17 se designó a Pami como sujeto expropiante. En este sentido, sobre la obra social recayó la obligación y responsabilidad de poner en funcionamiento el mencionado establecimiento de salud.
Por su lado, el artículo 5 de la ley de expropiación dispuso que se deberá conservar el régimen laboral vigente. Dicha medida fue la que motivó a Pami a crear una Fundación, con el propósito de mantener su actual marco legal y poder dar comienzo a las prestaciones con un plan trienal de acción.
En este marco, la Defensoría del Pueblo dio inicio a una actuación que se llevará adelante con la intención de pedir un informe pormenorizado del tema de referencia y hacer el correspondiente seguimiento.
