El proyecto de ley presentado en la Legislatura jujeña le exige al Poder Ejecutivo local que convoque “a una consulta popular en el plazo no mayor a 90 días para que la ciudadanía se exprese por el sí o por el no respecto de la continuidad de la prisión preventiva de la señora Milagro Sala”.
El CDH considera que la consulta popular propuesta resulta a todas luces inconstitucional y contraria a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales la Argentina es parte, en la medida en que viola diversas garantías procesales, entre ellas el debido proceso legal y el derecho a un juicio imparcial, y es más grave aún pues pone en jaque todo el sistema de Derecho Penal y Procesal Penal vigente, al someter la imputada a un juicio de excepción.
Se observa con preocupación que en un Estado de Derecho se presenten iniciativas como ésta, ya que de concretarse representaría un precedente riesgoso que debilitaría el sistema republicano de nuestro país al someter la vigencia de los derechos fundamentales a la voluntad de una “mayoría”, situación propia de regímenes dictatoriales e inadmisible en un Estado democrático de Derecho.
Asimismo, de prosperar la consulta se comprometería aún más la responsabilidad del Estado argentino ante la comunidad internacional. Recuérdese que la Organización de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestaron su preocupación por la situación de Milagro Sala.
